El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, asistió esta mañana a la firma de los convenios entre el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, y siete entidades financieras y de ahorro que aportan recursos financieros para respaldar el Plan de Especial de Dinamización a través de la concesión de préstamos y avales a los compradores de una vivienda protegida garantizada.

A la oferta realizada por el Gobierno de Aragón el pasado mes de mayo para captar fondos que respalden el Plan de Dinamización hasta un máximo de 808,9 millones de euros han respondido Ibercaja (227.614.547 euros), Banco Español de Crédito (130.878.364 euros), Caja de Ahorros de la Inmaculada (56.903.636 euros), Multicaja (22.761.454 euros), Cajalón (22.761.454 euros), Caja Rural de Teruel (22.761.454 euros) y Caja Mediterráneo (1.707.109 euros).

Estos convenios se integran en el denominado Plan Especial de Dinamización del sector de la vivienda, que contempla, como medida principal, la concesión de avales por parte del Gobierno de Aragón a los compradores de una vivienda protegida garantizada. Se trata de una propuesta coyuntural, específica y excepcional que complementa las ayudas del propio Plan Aragonés de Vivienda, con vigencia, en el caso del Decreto-Ley de Dinamización, de dos años.

El Decreto-Ley de Dinamización pretende recortar las diferencias de precio entre la vivienda protegida y la libre y para ello, las viviendas libres que se acerquen a los precios de las viviendas protegidas, es decir, con un descenso de precio entre el 25 y el 35%, pasarán a denominarse “viviendas garantizadas” y recibirán un tratamiento especial. Pretende, por lo tanto, esta medida poner en circulación el stock de vivienda libre. Una vez declarada la vivienda como “garantizada” comporta la obtención de financiación; la prestación de aval por parte del Gobierno de Aragón por un importe no superior al 10% del precio de venta y por un plazo máximo de 10 años; y la subsidiación de los préstamos convenidos siempre que los ingresos familiares no superen unos ingresos de 4,5 veces el IPREM, es decir, entre 35.000 y 45.000 euros.

Cabe también la posibilidad de que adquieran esta denominación las viviendas libres para residencia habitual y permanente de unidades familiares que hayan adquirido otra vivienda como residencia habitual y permanente después del 1 de enero de 2006 y antes de la entrada en vigor de este Decreto-Ley, siempre que el producto de la venta de la primera sirva para reinvertirlo en la compra de la segunda.

El precio máximo de las “viviendas garantizadas”, en el caso de la libre, representan bajas entre el 25% y el 35% de los precios actuales del mercado; han de tener como destino la residencia habitual y permanente; no han de superar los 90 m2 útiles. Los adquirientes o arrendatarios con opción de compra de estas viviendas han de estar inscritos en el TOC TOC y que los ingresos de la unidad de convivencia no supere las 6,5 veces el IPREM, es decir, entre 50.500 y 65.000 euros de renta bruta en función de que haya uno o más miembros.